Fracking: el oro de los tontos

Antonio Aretxabala, geólogo de la Universisdad de Navarra, hace una interesante reflexión sobre la prometida “edad dorada” del gas. Una edad dorada que podría no ser más que “el oro de los tontos” que nos quieren meter como sea ayudados por la falta de ética de las empresas energéticas y la complicidad de los “científicos”.

Esto es lo que nos cuenta Antonil Aretxabala en su blog :

No es vago el emergente debate social que se está generando poco a poco con las técnicas de fractura hidráulica, recientemente en mi viaje realizado a la Loma de Úbeda por la posibilidad de un rebrote sísmico leve inducido por causas humanas además de tectónicas, la cuestión ha alcanzado tintes grotescos, pero es que una comarca sometida a decenas de terremotos diarios a la que no se le explica qué es lo que le está pasando es un perfecto caldo de cultivo para teorías conspirativas. Los ciudadanos de la Torre, de Sabiote y de Úbeda han sido institucionalmente abandonados a su suerte.

Las universidades locales participan de esa diabólica pasividad que algún día tan cara les saldrá. La responsabilidad de comunicar de los científicos, si se descuida puede ser motivo de crisis social como lo está siendo en la Loma. “Fracking” ya es la palabra más utilizada en la Loma de Údeda. A pesar de que allí nunca se hizo. Cualquier maquinaria de perforación, para geotermia, agua, o cualquier gaseoducto para calentar nuestra comida ya son motivo de sospecha.

Por otro lado el mutismo con respecto a esta técnica por parte de las autoridades es también cómplice del oscurantismo y la confusión; hay que hablar claro y debatir, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirma que el fracking, extracción de gas pizarra o gas esquisto, por fracturación hidráulica, podría llegar a ser limpio. Y eso lo dice todo sobre lo que hay que avanzar con respecto a la técnica. Como vimos en el debate del parlamento europeo de mediados de noviembre, hará falta una legislación más estricta para obligar a los productores a adoptar las últimas tecnologías.

Pero mientras ésto se decide, las licencias de extracción y explotación continúan adelante, al mismo tiempo, comarcas enteras van prohíbiendo esta práctica en sus territorios. Mientras sigue pendiente una legislación más estricta, las licencias de extracción y explotación continúan adelante y los elementos cancerígenos siguen su viaje por el orbe. Según la AIE se trata de la edad dorada del gas, pero el oro de los tontos se resiste a ser legislado.

Pamplona, 9 de enero de 2013
Antonio Aretxabala

El oro de los tontos

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50 expertos contra el fracking

50 profesores universitarios firman un documento de alegaciones  contra la extracción de gas y petróleo mediante el fracking

Documento de alegaciones contra la fractura hidráulica

Noticia extraída de: larodalia.es

50 profesores e investigadores universitarios, en su mayoría especialistas en geología e hidrogeología, han formulado un documento de alegaciones contra la extracción de gas y petróleo mediante la fractura hidráulica en el interior de Castellón. Los especialistas, encabezados por el Doctor y catedrático de Geología de la Universidad de Zaragoza, José Luis Simón, han formulado su oposición a los tres permisos solicitados en la provincia de Castellón, que afectarían a 41 términos municipales.

Entre los firmantes se encuentran profesores de la Universitat Jaume I, Universitat de València, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Sevilla, Complutense de Madrid, Universitat d’Alacant… entre otras.

En el documento exponen que la fractura hidráulica “es una técnica muy agresiva de explotación de hidrocarburos no convencionales (…) cuyo elevado impacto medioambiental ha sido puesto de manifiesto en recientes informes encargados o elaborados por instituciones europeas o prestigiosos centros de investigación como el Tyndall Centre. Incluso organismos de la administración americana como la US Government Accountability Office han elaborado estudios de los que se derivan resultados críticos similares”.

Los firmantes se oponen a la fractura hidráulica en el Maestrat porque requeriría “el consumo de grandes cantidades de agua, en torno a 15.000 metros cúbicos por cada operación de fracking. Estas cantidades de agua bien habrían de ser detraídas de los recursos subterráneos locales o habrían de ser transportadas en camiones cisterna”. Así mismo consideran poco realista “el uso de salmuera residual de plantas de desalación marina por ósmosis inversa. Eso sólo contribuiría a agravar los problemas de contaminación de los acuíferos”.

Además alertan que la fractura hidráulica puede contaminar el subsuelo por la acción de aditivos químicos nocivos, muchos de los cuáles no se dan a conocer al pesar sobre ellos la protección de patentes industriales. “En condiciones normales de operación el agua de inyección no recuperada que queda en el subsuelo, entre el 20% y el 80%, produciría la contaminación directa del agua subterránea, y de ahí la de manantiales, aguas superficiales, abastecimientos urbanos y agropecuarios” certifican los expertos. Por otra parte inciden en el difícil tratamiento medioambental de estas aguas contaminadas, que también pueden llegar a contaminar el aire. A esta contaminación cabe añadir la producida por metales pesados que pueden llegar a acuíferos cercanos a la superfície.

Otro impacto negativo de la fractura hidráulica llegaría por el propio gas explotado, que, según relatan los expertos, “puede migrar por conductos incontrolados hasta contaminar acuíferos o hacia la superfície. Las experiencias obtenidas en Estados Unidos muestran que tales fugas son muy frecuentes, y han llegado a causar contaminación severa del agua de abastecimiento e incluso explosiones en edificios residenciales”.

-Laguna legal
En Estados Unidos la fractura hidráulica está plenamente implantada, no así en Europa. De hecho los expertos alertan que no existe una normativa legal específica que regule este tipo de prácticas. “No existe en Europa una normativa detallada, exhaustiva y accesible públicamente del marco regulatorio de esta actividad, y subraya la necesidad de que ésta se desarrolle. Se reclama, de modo particular, que sea revisada la Directiva Marco de Aguas para que los abastecimientos de agua potable queden adecuadamente protegidos, y propone que se prohíba del uso de químicos tóxicos o, al menos, que se revele obligatoriamente la composición exacta de los mismos” han reseñado.

-Impacto directo en Els Ports-Maestrat
Los especialistas en geología han incidido en el impacto “extremadamente alto” que puede provocar la fractura hidraúlica en Els Ports y el Maestrat. Relatan en sus alegaciones que “la topografía agreste haría dificultosos los accesos y las operaciones en los eventuales pozos de extracción, multiplicando el impacto de los movimientos de tierras y la ocupación de suelo. El deterioro del territorio y del paisaje serían, por todo ello, muy acusados”.

Teniendo en cuenta la orografía de Els Ports y el Maestrat los expertos han apuntado que la evolución de las explotaciones en Estados Unidos invitan a la reflexión. Remarcan que “cabe preguntarse cuántos años llegaría a perdurar el supuesto desarrollo económico en un área como el Maestrat y Els Ports, en la que el volumen de recursos es seguramente mucho menor que en cualquiera de las formaciones mencionadas en Estados Unidos”
-Acuíferos
El documento de alegaciones ofrece datos exhaustivos sobre cómo afectaría la fractura hidráulica a los acuíferos del Maestrat. Denuncian que en las explicaciones geológicas que realiza la empresa no incluyen con detalle los acuíferos de la zona. Alertan que el acuífero del Maestrazgo se extiende por Els Ports, Alt Maestrat, Baix Maestrat e incluso Torreblanca y Orpesa. Remarcan que el acuífero tiene “su almacén principal en las formaciones calcáreas del Jurásico (particularmente en las calizas y dolomías del Jurásico inferior), y se extiende hacia arriba ocupando otras formaciones del Jurásico medio-superior y Cretácico”. Todas estas formaciones están contiguas a aquellas otras del Jurásico en las que existen indicos de hidrocarburos, y en las que probablemente se centraría la exploración, según informaciones transmitidas a la prensa por la compañía solicitante. Según los alegantes, “las probabilidades de conectividad hidráulica entre la red de fisuras provocadas por fracking y las formaciones que albergan el agua subterránea son, por consiguiente, muy elevadas”.

Una de las principales conclusiones es que “la explotación de hidrocarburos del Jurásico en el Maestrazgo mediante fracking provocaría que tanto el gas que pudiera evacuarse de las rocas que lo almacenan como los fluidos de inyección con todo su cortejo de aditivos químicos contaminantes se propagasen a los acuíferos y éstos acabasen seriamente contaminados”.

Poblaciones como Forcall, Morella, La Mata de Morella, Olocau, Sorita del Maestrat, Catí, Xert o Albocàsser se abastecen de pozos situados a más de 400 metros de profundidad, e incluso llegando a los 1.100. Así mismo la descarga del acuífero hacia el mar se produce en zonas como Albossebre, la Sierra de Irta o Peníscola, que también podrían verse afectadas por la contaminación de productos químicos.

Los expertos consideran que hay argumenetos científicos de peso para denegar los permisos de investigación a la empresa Montero Energy.

Las mil formas de hacer como que se toman decisiones importantes

La Cumbre de Doha:

“Las mil y una maneras de no tomar las decisiones urgentes haciendo de cuenta que se toman decisiones importantes”

Doha: postergando decisiones sobre cambio climático

Gerardo Honty

ALAI AMLATINA, 08/12/2012.- Algún día se escribirá la historia de las negociaciones internacionales de cambio climático. El libro podría titularse “Las mil y una maneras de no tomar las decisiones urgentes haciendo de cuenta que se toman decisiones importantes”. Es que los comunicadores de la Convención (Secretarios, Presidentes, co-Presidentes, etc.) tienen una gran habilidad para salir de las reuniones con las manos vacías y mostrarnos tesoros relucientes.

La Convención ha tenido a lo largo de su historia una serie de pomposos documentos finales que en realidad solo deciden que han resuelto posponer las decisiones para más adelante. El “Mandato de Berlín” (1995), el “Plan de Acción de Buenos Aires” (1998), la “Hoja de Ruta de Bali” (2007), son algunos de estos ejemplos. El último de estos casos es la “Plataforma de Durban” aprobada el año pasado en aquella ciudad sudafricana. Allí se comunicaba que como no se había logrado cumplir con la Hoja de Ruta de Bali, los delegados se iban a tomar unos añitos más para ver como reacomodaban la agenda y continuaban la discusión hasta el 2015.

Con 24 horas de retraso, acaba de finalizar este sábado la COP 18 en Qatar; y como no podía ser de otra manera, se aprobó una nueva postergación, esta vez denominada el “Portal Climático de Doha” (Doha Climate Gateway). El llamado “paquete de Doha” incluye varios documentos, particularmente los acuerdos resultantes de los grupos del Protocolo de Kioto, de la Plataforma de Durban y de Cooperación a Largo Plazo, entre otros.

El nuevo paquete de acuerdos pone punto final a la Hoja de Ruta de Bali –firmada en 2007 y que debió concluir hace dos años en Copenhague- y mantiene abierta la nueva ruta establecida en Durban. No le puso punto final porque hubiera alcanzado los objetivos propuestos sino porque logró concretar la continuidad del Protocolo de Kioto –aunque mucho más débil de lo que ya era- y pasar todos los temas no resueltos del grupo creado en Bali sobre Cooperación de Largo Plazo para el 2015 a través de la Plataforma de Durban.

La resolución sobre el Protocolo de Kioto –que fija las metas de reducción de los países desarrollados- resultó todo lo escasa que se esperaba. Habrá un “segundo período de compromiso” hasta el 2020, pero este será insuficiente para los desafíos del cambio climático. Los países firmantes se comprometen a reducir un 18% sus emisiones para el 2020 (comparadas con las 1990), cuando la ciencia establece que debían reducirse en un 40%. Pero además, sólo la Unión Europea y unos pocos países más lo han firmado, mientras que algunos de los mayores emisores entre los países desarrollados (Estados Unidos, Japón, Rusia, Canadá y Nueva Zelandia) no han firmado este nuevo acuerdo. Los demás grandes emisores que no son países desarrollados, no tenían ni tendrán compromisos de reducción bajo este Protocolo.

La resolución en torno a la Plataforma de Durban, pomposamente lanzada hace un año, solo establece que se continuará reuniendo durante 2013 y 2014, que invitan a los países a enviar sus ideas por escrito, y que la secretaría se ocupe de conseguir los recursos para financiar las reuniones. Eso es todo. Bueno, no todo. En su primer párrafo reconoce que “el cambio climático representa una amenaza urgente y potencialmente irreversible para las sociedades humanas y el planeta y esto requiere ser urgentemente atendido por todos los países”. Pero parece que la mejor forma de atender este asunto de manera urgente es establecer un nuevo calendario de reuniones para los próximos dos años.

Como ha sucedido anteriormente, las decisiones tomadas en Doha no tienen ningún impacto en la mitigación del cambio climático ni en la capacidad de los países más pobres de poder proteger sus poblaciones y ecosistemas de sus efectos. Los límites a las emisiones acordados están muy lejos de lo necesario y la trayectoria de aumento de la temperatura bajo esos escenarios nos conduce directamente a un aumento de 4°C hacia el 2050.

Otros temas importantes, como el financiamiento comprometido en Copenhague (100 mil millones de dólares al año), el capítulo sobre “pérdidas y daños” que pretendía compensar a los países más vulnerables por los impactos del cambio climático, o los procedimientos para la Reducción de Emisiones de la Deforestación, fueron una vez más postergados.

Pero nada de esto impidió la consabida auto-aclamación de la Convención, las felicitaciones cruzadas entre los delegados, y las congratulaciones a la presidencia por el extenuante esfuerzo realizado; y los delegados aplaudieron fervorosamente la tardía aprobación de estos inútiles acuerdos.

Ahora las (des)esperanzas se postergan hasta el próximo noviembre cuando la COP 19 se reúna en Polonia y tengamos la oportunidad de ver una nueva manera de postergar decisiones urgentes presentadas como decisiones importantes.

– Gerardo Honty es investigador de CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social).

URL de este documento: http://www.alainet.org/active/60191

Las consecuencias del fracking en nuestra alimentación

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En el último número de The Nation aparece un extenso artículo de Elizabeth Royte escrito en colaboración con “Food & Environment Reporting Network” (Red de Información Alimentaria y Medio Ambiente), que hacen un periodismo de investigación sin fines de lucro centrado en la alimentación, la agricultura y la salud ambiental.

El artículo se puede leer aquí: Fracking Our Food Supply

 

La Universidad de NY cierra el “Shale Resources and Society Institute”

La Universidad estatal de Nueva York en Buffalo acaba de clausurar el polémico Instituto “Shale Resources and Society Institute” (SRSI) que dependía de dicha Universidad y que algunos comentaristas consideraban como el epicentro de lo que se viene llamando desde hace algún tiempo la “frackademia“, un frente de relaciones públicas y de “comunicación estratégica” de la industria del gas y del petróleo para promover la fractura hidráulica bajo la apariencia de legitimidad científica.

La gota que colmó el vaso y que finalemnet ha llevado a tomar la decisión de clausurar dicho Instituto fue el estudio que publicaron bajo el título “Environmental Impacts During Shale Gas Drilling: Causes, Impacts and Remedies” y que fue considerado por numerosos científicos como un vulgar medio de propaganda de la industria. Todos los autores del mencionado estudio tenían vínculos directos con la industria del petróleo y del gas.

La asociación “New Yorkers Against Fracking” considera el anuncio del cierre de esta institución como una “victoria para la ciencia real sobre la ciencia basura vendida por la industria del gas”.
Fuente: truth-out.org

La mentira VERDE

Más información sobre GreenWashing

Artículo extraído de: crisiscapitalista.blogspot.com

Greenwashing. Verde que te quiero verde

Morris Wolfe (reconocido experto en relaciones públicas): “Es más fácil y menos costoso cambiar el modo como la gente piensa la realidad que cambiar esa realidad

Greenwash

Definición: Desinformación difundida por una organización a fin de presentar una imagen pública responsable con el medio ambiente. (Décima edición del Concise Oxford Dictionary English)

La paradoja de Jevons 

Un economista del siglo XIX ya puso en duda el discurso capitalista según el cual el progreso tecnológico será capaz de proporcionar más y más ahorro energético en el futuro.

  Curva de Jevons

Los defensores del “capitalismo verde”, que postulan una “revolución industrial verde” que nos saque de Gran Depresión del siglo XXI, admiten la posibilidad de la paradoja, pero afirman que en realidad la curva siempre ascendente de Jevons acabará en el futuro por curvarse hacia abajo, una vez que el capitalismo haya generado tanta riqueza que el clima y el medio ambiente se conviertan en prioridad principal.

 Curva según los postulantes del capitalismo verde

Los postulantes del desarrollo capitalista sostenible afirman que con las adecuadas regulaciones e incentivos, el sistema, business as usual, puede ser compatible con los objetivos medioambientales. Sin embargo, la machacona evidencia (a pesar de los negacionistas) manifiesta la validez de paradoja de Jevons.

  • Un aumento en la eficiencia en el uso de energía provoca, vía reducción de costos, un aumento en el consumo que elimina el ahorro energético inicial. (Con un coche más eficiente acabo haciendo más kilómetros).
  • El aumento de la eficiencia energética conseguido en un determinado sector conlleva la aplicación estas mismas tecnologías o parecidas a otros sectores que antes no consumían energía (intensivos en mano de obra, como el lava-bajillas).
  • La misma producción de materiales más eficientes conlleva un dispendio energético que tiende a ser superior al ahorro que se conseguirá con el empleo de estos nuevos materiales. (Derribar un viejo edificio para construir otro “más eficiente”).
  • Los consumidores tienden a gastar en otros sectores menos eficientes los ahorros obtenidos por la mayor eficiencia energética conseguida en un determinado sector.
  • La eficiencia conseguida en el uso de un determinado combustible lleva a una reducción de su precio y por consiguiente a un aumento de su demanda y consumo.
  • La eficiencia energética favorece la expansión desproporcionada del sector industrial intensivo en energía (China en la actualidad)

Así pues, resulta evidente que la eficiencia energética es buena para el capitalismo puesto que refuerza la acumulación y el crecimiento, pero, por más veces que la dibujen, la curva energética del “capitalismo verde” no tiene forma de U invertida sino que se ajusta pertinazmente a la curva de Jevons.

En definitiva, la eficiencia energética en condiciones de capitalismo, favorece el crecimiento, la producción por la producción y el despilfarro por el despilfarro, y el ahorro energético conseguido con una mano se convierte en mayor despilfarro energético con la otra.

Un capitalismo verde precisa perentoriamente de un discurso “verde”. El greenwash clásico significa propaganda de imagen medioambiental. Prístino paisaje natural y piadosas declaraciones de respeto a la tierra son los clichés que emplean las empresas de minería, los gigantes nucleares y químicos, entre otros, para promover una imagen corporativa inmaculada.

Breve historia del greewash

El movimiento medioambiental alzó el vuelo en los 1960, y con él empezó a socavarse la confianza pública en muchas empresas. Entonces las imágenes verdes inundaron las ondas de radio, periódicos y revistas. Fue la primera oleada de lavado verde empresarial.

Westinghouse exaltaba las virtudes de la energía atómica como “fiable, de bajo costo … aseada, limpia y segura“. Las corporaciones advirtieron inmediatamente que era más rentable invertir en falsa propaganda “verde” que destinar fondos al capítulo de gastos anti-contaminación.

En la década de 1980 y con los desastres de Bhopal, Chernobyl y Exxon Valdez, el movimiento medio-ambiental adquirió fuerza. En respuesta, los anuncios “verdes” se hicieron aún más numerosos y más sofisticados, alcanzando su nivel máximo en 1990, coincidiendo con el 20 aniversario del Día de la Tierra. Fue durante ese año que las transnacionales asumieron que un número creciente de consumidores deseaban comprar productos ecológicos. De hecho, a principios de 1990, una encuesta mostró que el setenta y siete por ciento de los estadounidenses se decía afectado por el tema medioambiental a la hora de consumir y consideraban los delitos ambientales de las empresas como más graves que el abuso de información privilegiada o la fijación de precios abusivos por los cárteles.


La respuesta por parte de las multinacionales fue inmediata. Una cuarta parte de todos los nuevos productos para el hogar que llegó al mercado EE.UU. en los 90 se anunciaron a sí mismos como “reciclables”, “biodegradables”,”ozono amistosos“, … Al mismo tiempo, algunos de los contaminadores más grandes del mundo gastaron millones en “pintura verde” (tanto en sentido literal como figurado). La compañía petrolera ARCO, por ejemplo, ocultó su instalación de Los Ángeles detrás de una fachada de palmeras y cascadas artificiales. DuPont, (la química más grande del mundo y la que mayor polución ha descargado sobre el planeta. Todos comemos, bebemos y respiramos DuPont. DuPont circula por nuestras venas y de algún DuPont cáncer moriremos) produjo un anuncio lleno de focas, ballenas, delfines saltando y vuelo de flamencos, al son de la Oda a la alegría de Beethoven, para proyectar su nueva imagen verde. Y Dow Chemical, el mayor productor de cloro del mundo, utilizó la imagen del planeta Tierra para aseverar su “compromiso permanente” con el medio ambiente, que se remontaría a la misma fundación de la compañía.

En Europa, el verdeo no es menos frecuente. La empresa química suiza Sandoz, en un esfuerzo por rehabilitar su imagen después del derrame de Basilea en 1986, se anunció en un ambiente que representaba un bosque, un estanque tranquilo y limpio, y un río que atraviesa la escena. En cierta medida, el anuncio fue correcto; Sandoz en 1990 había trasladado su producción de químicos peligrosos desde Suiza a Brasil y India. Mientras tanto, la Corporación británica ICI, que durante años fue el número dos del mundo productor de CFCs que agotan el ozono atmosférico hasta que se vio obligada a eliminarlos gradualmente, anuncian su cambio a los HFC (que contribuyen al recalentamiento atmosférico) y los HCFC (que siguen atacando al Ozono) como el advenimiento de “una nueva generación de fluorocarbonos ozono-amistosos“.


En Malasia, ICI produjo una publicación a todo color descaradamente engañosa, cuyo titular pregonado “Paraquat y naturaleza trabajan en perfecta armonía“. El anuncio describe el herbicida Paraquat como “amigable con el medio ambiente“. El herbicida del anuncio, altamente tóxico y que ha envenenado a decenas de miles de trabajadores en Malasia, está prohibido en cinco países y está catalogado entre los “12 más peligrosos del mundo” por la Pesticide Action Network. En Nueva Delhi DuPont paga un anuncio semanal en el periódico The Times of India, donde se retrata a sí misma como un campeón ecológico.

La transnacional brasileña Celulosa Aracruz anunciaba que sus plantaciones de monocultivo (que la convierten en el líder mundial en la producción de pulpa de eucalipto blanqueada con cloro) son una “asociación con la Naturaleza” y se presentaba a sí misma como un modelo para el desarrollo sostenible.

Exxon Mobil es hoy en día la compañía petrolera causante de la mayor emisión de gases del planeta. El movimiento mundial por los bosques tropicales, estima que anualmente emite más de 209 mil toneladas de dióxido de carbono. Sus operaciones y quema de productos desde su fundación en el siglo pasado han causado entre 4,7 y 5,3 por ciento del total de emisiones de dióxido de carbono provocadas en el mundo.

Además, Exxon Mobil ha financiado con 16 millones de dólares a 43 organizaciones y lobbies que tienen como objetivo negar que el cambio climático sea una realidad para tratar de retrasar las acciones para abordarlo.

Los beneficios de Exxon Mobil superan el producto interno bruto de países como Israel, Venezuela, Malasia o la República Checa. Sin embargo, esa compañía promueve campañas de desinformación valoradas en cientos de millones de dólares, y en las que pretende mostrarse como una empresa con responsabilidad ecológica.

BP y greenwashing

BP reconoció públicamente en 1997 los peligrosos efectos del cambio climático para ser reconocida como una compañía petrolera “responsable” y con preocupaciones ecológicas. Mientras Exxon y demás petroleras seguían financiando estudios que negaban la evidencia climática, BP invertía en la reducción de emisiones, apoyaba el protocolo de Kyoto y se presentaba como una compañía energética “más allá del petróleo” invirtiendo en tecnología fotovoltàica y eólica.

Pues bien, soterrada y silenciosamente BP se está preparando para producir petróleo a partir de las arenas bituminosas canadienses en un proyecto que arrasará una superficie de bosques equivalente a toda la extensión de Cataluña en la provincia de Alberta para extraer unos 175 mil millones de barriles a razón de unos 200.000 barriles al día durante 15 años. Michael Moreci. In this Times

El petróleo de las arenas bituminosas no se extrae perforando sino excavando en superficie grandes extensiones a base de maquinaria pesada. Precisa licuar las arenas inyectándoles gas que luego se quema, precisándose 2 Tm. de arenas bituminosas para obtener un barril de petróleo. Los residuos tóxicos del proceso deben almacenarse en lagos artificiales para impedir la contaminación de ríos y lagos.

El 90% de la producción de petróleo crudo a partir de las arenas bituminosas de Alberta irá a EEUU donde BP lo refinará triplicando la capacidad de su planta de Whiting, Indiana a orillas del lago Michigan, ampliación que absorberá unos 3,8 mil millones de dólares y que ha obtenido por parte de la autoridad medioambiental de Indiana un aumento significativo de los permisos de emisiones contaminantes.

Shell, líder del greenwash

Cuando se trata de lavado verde, Shell es simplemente soberbia.

Incluso antes de la Conferencia de Río de 1992, Shell había conseguido algunos anuncios de hermoso greenwash. En 1991 un anuncio colocado en el diario de Hong Kong Amigos de la Tierra describía una adorable niña asiática apoyándose en el globo, con el lema, “protegidas por Shell“. Y debajo: “De hecho, siempre que la tierra necesita alguien para cuidar de ella, puede estar segura de Shell.”

Pero fue durante los 90 cuando salió a la luz la contaminación ambiental del Delta del Níger por parte de la compañía y su complicidad en los hechos que condujeron a la ejecución de Ken Saro-Wiwa y ocho de sus colaboradores que luchaban contra la contaminación de las petroleras, dejando su reputación por los suelos y levantando las quejas y la necesidad de supervisión y control de la operatoria de las transnacionales.

Desde entonces Shell se ha convertido en la multinacional líder en greenwash. Tiene varios departamentos con dedicación plena al lavado de su imagen y mientras tanto Nigeria continúa siendo clasificado como el mayor quemador de gas del mundo. La mayor parte del gas del Delta se produce durante el proceso de extracción del petróleo, conocido también como gas asociado. Se trata de una de las fuentes de gas más difíciles y costosas de aprovechar y, por lo tanto, no existe un incentivo para que Shell elimine la quema que poluciona el aire del delta.

Ha colgado la Declaración universal de los derechos humanos en su web, sugiriendo que “los derechos humanos constituyen el corazón de nuestro negocio” y al mismo tiempo se opone a la proposición de la ONU de unas “Normas sobre las Responsabilidades de Corporaciones Trans-nacionales y otras empresas comerciales en lo que respecta a los Derechos Humanos” alegando que la propuesta no viene a cuento dados los altos estandars en derechos humanos de Shell.

Otro logro de la reciente creatividad de Shell es el logo: “Profits & Principles… Does there have to be a choice” (entre beneficios y principios, ¿es necesario realmente tomar una elección?. En el mundo feliz de Shell, las ganancias y los principios van de la mano. Es un juego de win-win en el que todos ganan. A bombo y platillo proclama que dedica el 1% de su presupuesto a investigación en energía solar y en reforestación mientras sigue perforando frente a las costas africanas, sigue contaminando Nigeria, sigue contratando naves petroleras sin bandera y se prepara perforar a mansalva en un Ártico sin hielo gracias en buena parte a su existencia.

Recientemente Shell y BP Amoco han dejado se ser “petroleras” para convertirse en compañías de energía (energy companies), postulándose en adelantadas de la lucha contra el cambio climático y el peak oil.

Fianancian pequeños proyectos ambientales que utilizan para justificar sus credenciales ecológicas, proyectos que a menudo cuestan menos que lo que cuesta la publicidad para mostrarlos al público y por los que pueden además ingresar suculentas rentas en forma de carbon credits negociables en el mercado del CO2.

Shell sin embargo continúa como miembro significado de American Petroleum Institute, y Business Roundtable (ambos contrarios al Protocolo de Kyoto) y en agosto de este año, se supo que BP Amoco ha suministrado fuertes sumas de dinero en los últimos cuatro años a la mayoría de los miembros del Congreso de los EE.UU. que han votado en contra de las políticas ambientales, y en contra de la ratificación del Protocolo de Kyoto.

Su compromiso con la lucha contra el cambio climático queda en evidencia cuando las grandes corporaciones petroleras, entre ellas Shell, apoyándose en supuestos derechos de los estados ribereños, están ya peleándose por el reparto de los derechos de explotación petrolífera del Ártico con el aliciente de que cuanto más cambio climático menos tardarán en poderles echar mano.

La última de Shell (pura guasa verde) es que está usando “creativamente” sus emisiones de CO2 bombeándolo mediante mangueras a los invernaderos para ayudar al crecimiento de flores en Holanda. En sus carteles de propaganda aparecen, como no, flores creciendo en las refinerías de Shell.

En ningún momento Shell ha reconocido responsabilidades en sus vertidos o su colaboración con gobiernos corruptos y asesinos. No hay más que i a Wikipedia y consultar las entradas “Shell”:

  • .En los 80 no dudaba en apoyar el régimen de apartheid de Sud Africa;
  • . Shell multada con 19,75 millones de dólares para el derrame de petróleo de la refinería Martínez;
  • . Shell cierra el caso por el derrame de su refinería Martínez por $ 3 millones.
  • . Derrame de contaminantes químicos de Shell en Deer Park, complejo de Texas; Ruptura del oleoducto de Shell en Washington;
  • . Contaminación de aguas subterráneas por Shell en EE.UU.; Quema de gases sin autorización por Shell, ….

  • Shell, inició sus operaciones en Ogonilandia (Nigeria) en 1958. Al igual que otras comunidades del delta del Níger, tras décadas de explotación todo lo que les aportó el petróleo a los Ogoni es pobreza y hambre provocadas por los daños ecológicos en el suelo y las pesquerías. A la protesta Shell respondió con el contubernio con las corruptelas y la represión. La foto es de unos niños cargando agua y al fondo las llamaradas de escapes de petróleo inflamados.

Esta es la esencia de lavado verde. Mantener a raya a tus adversarios con hábil retórica, pero no pagar el precio de tus desmanes.

Las contradicciones entre los departamentos de imagen y el resto deben ser de órdago en Shell. En Inglaterra Shell se retiraba en mayo 2008 del “London Array“, un macro proyecto de campo de molinos de viento. Mucho greenwash pero habran de ser los impuestos y no los beneficios de las petroleras los que carguen con los gastos de reparar sus destrozos y del desarrollo de energías renovables.

El 13 de febrero de 2004 la Comisión de Valores de EEUU (SEC) inició una acción judicial en contra de la Shell, y también en contra de los auditores de Shell, KPMG y PwC NV Reino Unido. El litigio surgió de una exageración fraudulenta de la reserva probada de hidrocarburos por Shell en un formulario presentado a la Comisión de Bolsas de Valores. La SEC declaró que Shell había violado el derecho de los Estados Unidos mediante la emisión de “falsas y engañosas estimaciones acerca de sus reservas”. Shell acabó pagando $ 120 millones de multa mientras sus acciones se desplomaban pillando a los incautos que creyeron en sus fabulosas reservas.

Shell junto con BP y Chevron son las empresas petroleras con la más engañosa publicidad ambiental en el mundo. Shell es capaz de afirmar sin pestañear que “el año pasado, hemos renovado nuestro compromiso, no sólo para cumplir los objetivos de Kioto para reducir las emisiones de gases de invernadero, sino para superarlos“. Toma! Eso lo dice una corporación que no solo produce enormes cantidades de combustibles de efecto invernadero sino que para producirlos en sus refinerías genera ella sola emisiones de CO2 superiores a las de muchos países, y es miembro de American Petroleum Institute y de Business Roundtable (ambos organismos rematadamente contrarios al Protocolo de Kyoto).
Una web que sigue de cerca sus actividades: http://royaldutchshellplc.com/

Los premios al greenwash

CorpWatch (http://www.corpwatch.org/) otorga cada dos meses el premio Greenwash a la empresa que ponga más dinero, tiempo y energía en campañas de relaciones públicas destinadas a la promoción de su imagen medioambiental en comparación a lo que gasta en realidad para proteger el medio ambiente. Las nominaciones para estos premios provienen de su audiencia.
Junto con Pro Natura, la filial suiza de Amigos de la Tierra, la Declaración de Berna organiza anualmente una contra-evento llamado el Public Eye (Ojo Público) sobre Davos, donde cualquier persona puede votar para clasificar las empresas con peor reputación.

La ratio a maximizar para obtener el premio greenwash de Public Eye es: $ en publicidad engañosa/ $ en protección medioambiental

Este año 2008 los votantes Public Eye señalaron Areva, una multinacional francesa que ha extraido uranio durante 40 años en Níger, una excolonia francesa. Sospechas fundadas de muertes entre los trabajadores, causadas por el polvo y la contaminación radiactiva de aguas subterráneas. Los mineros no reciben información adecuada sobre los riesgos para la salud de almacenamiento al aire libre de materiales radiactivos. Los activistas afirman que la empresa evade el pago de tratamiento médico a los trabajadores. Afirman que el hospital de la empresa emite falsos diagnósticos de los trabajadores enfermos, y firma certificados de defunción por SIDA cuando los trabajadores mueren de cáncer.

En Europa también pueden ganar concursos. Se trata de los “Worst EU Lobbying Awards”: En 2008 el premio fue para el Malaysian Palm Oil Council, UNICA (barones del azucar brasileño) y Abengoa Bioenergy (biofuel) por información maliciosa y greenwash descarado.

El floreciente negocio del greenwash

Si hay una demanda pronto aparece una oferta. La demanda de imagen green no ha hecho más que crecer desde los años 90. Muchas agencias de relaciones públicas y de publicidad se han especializado en servicios de greenwash como es el caso de TWBA, Chiat\Day, BDDP, GGT (filiales de Omnicom Group), Ogilvy, RKCR/Y&R , y además ha surgido una ámplia gama de nuevos negocios que ofrecen variados tipos de servicios a los consumidores de greenwash como son las compañías proveedoras de Carbon Offsets y los fondos de inversión ético-verdes.

Offset Carbon Providers

(proveedores de compensaciones por el CO2 emitido, instrumentos financieros relacionados con los mercados del carbón)

La nueva mercancía en juego es el sentido de culpabilidad del emisor de gases invernadero. Evaluan las emisiones del cliente mediante una tabla: Recorrer 2.000 millas en avión = 1 Tm de CO2; Conducir un coche deportivo 1.350 millas = 1 Tm de CO2; Consumo medio de calefacción de tu casa durante 60 días = 1 Tm CO2; …

Ofrecen una compensación (Offset) equivalente: Proteger 4 acres de selva; plantar 1 acre con acácias, sustituir 500 bombillas tradicionales por bombillas fluorescentes de bajo consumo, … y a cobrar. Tu contaminas y tienes mala conciencia. Yo te vendo una compensación (carbon offset). Y ya tenemos constituido un nuevo mercado en expansión, dados los tiempos que corren.
Las previsiones apuntan a una cifra de negocio que puede superar los 3.000 millones de € para el 2.010.
Uno solo tiene que hacer clic y pagar el precio asignado para que el “experto” se ponga en acción.

Algunas de las compañías de offsets:

. Sustainable Travel International (Boulder, Colorado, USA) Asevera que haber contratado por cerca de 6 millones de toneladas de CO2 para el período 2007-2012.
. CO2 balance (Somerset, UK) A apoyado 3 proyectos de eficiencia energética en África y 3 proyectos de reforestación en U.K. y un en Francia.
. Climate Trust (Portland, Oregon;USA) Asevera que ha formalizado transacciones por casi 2 millones de toneladas de CO2 de offsets.
. Climate Care (Oxford, UK) La compañía ha vendido mas de 350.000 toneladas de offsets, el 20% en proyectos de reforestación.

Fondos éticos

En la misma línea se han creado Fondos de Inversión Éticos (SRI Social Responsible Investment). En el Reino Unido los más importantes son: Fondo Júpiter un veterano Fondo de inversión ecológico; HSBC, que cuenta con un Fondo para el cambio climático; Allianz con su Global EcoTrends Fund; el Fondo de Schroders Global Climate Change; el F&C’s Global Climate Opportunities Fund, y muchos otros.

Pero los inversores que imaginan que sus fondos éticos están salvando el planeta, o que sus fondos verdes son gestionados bajo principios socialmente responsables puede ser que necesite pensárselo de nuevo.

Los gestores de estos fondos filtran actividades que sus inversores consideran poco éticas o nocivas (fabricación de armamento, tabaqueras, …) pero en el paquete cuelan sociedades más que dudosas como, mira por donde, Shell o BP, dado que su departamento de greenwash las coloca entre las principales empresas invirtiendo en recursos renovables.

Por cierto que las credenciales medioambientales de BP y su reputación se rompieron recientemente en pedazos por las filtraciones de oleoductos en Alaska debido a casos de negligencia grave por BP en su diseño, construcción y mantenimiento.

De hecho el requisito de “rentabilidad” que ha de producir el fondo verde implica que el paquete se componga de diversos tramos: un 75% para corporaciones sin demasiadas consideraciones medioambientales, un 15% en empresas que adoptan prácticas medioambientales y solo un 10% en compañías que fabrican o producen servicios medioambientales. En fin Profits & Principles como le gustan a Shell.

¿La inversió ética?: índices bursátiles socialmente sostenibles

Rizando el rizo, lo último en greenwashing son los “índices bursátiles socialmente sostenibles” que cotizan en las grandes bolsas del planeta ( el Dow Jones Sustainability Index World – DJSIWorld – con más de 300 valores, entre los cuales, como no, Sell y BP, o el Financial Times Stock Exchange – FTSE4Good – y en España estaba previsto para marzo 2008 el FTSE4Good IBEX.
El inversor con remordimientos encuentra un surtido adecuado a su inversión responsable. De Los ejecutivos de las corporaciones “tomaran nota” de las preocupaciones éticas de sus inversores. Con ello bastará y sobrará – libre mercado impone – para que se comporten de forma social y medioambientalmente sostenibles. Pero como la rentabilidad impone, los índices se muestran bastante daltónicos a la hora de seleccionar las corporaciones que los integran.

Link: Fiona Harvey, Environment Correspondent, Financial TimesPublished: Feb 04, 2008

Variantes del greenwash

Greentosh
Pasarse cantidad: Hay empresas químicas que pretenden fabricar plaguicidas amigables con el medio ambiente. Compañías de fabricación de armamento que proclaman que están poniendo menos plomo en los misiles y las bombas para reducir la contaminación.

Bluewash

  • .Permitir a algunas de las más poderosas multinacionales envolverse en la bandera azul de la ONU sin que implique ningún cambio en su conducta. (New York Times)
  • Esfuerzo por parte de las grandes corporaciones para aparecer como parte de la comunidad humanitaria gracias a su voluntaria asociación con la ONU pero manteniendo sus actuales niveles de opacidad. (CorpWatch)

Deep Greenwash

Greenwash profundo se refiere al esfuerzo político de las grandes corporaciones a base de relaciones públicas y puras prácticas de lobbying para evitar controles o regulaciones sobre su comportamiento y operatoria. Fue en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro donde se perpetró esta nueva maniobra estratégica: las multinacionales se presentaron como aliadas en la lucha para salvar el planeta. Las multinacionales entendían los problemas del mundo y se habían puesto a la labor para solucionarlos. Evidentemente esta toma de conciencia implicaba la futilidad de la institución de controles o regulaciones sobre su actuación. Además con una masiva campaña de relaciones pública y puro lobbying consiguieron que las referencias a control sobre las multinacionales fueran excluidas de los textos y consideraciones finales de la conferencia.

Ethical marketing

Cuando el greenwash hace aguas algunas corporaciones se están pasando al marketing ético. Wal-Mart, P&G, UNILEVER, TESCO, CO-OP, M&S han contratado ya a expertos en esta especialidad. Pepsi-Cola se a apuntado a apoyar el Matt Damon’s H2O Africa project, mientras que Coca-Cola colabora en proyectos del WWF.

Reputation management.

Se trata de empresas especializadas de Relaciones Públicas como Burson-Marsteller que viven de asesorar a las multinacionales para mejorar su reputación medioambiental.

Propuesta de Friends of the Earth

Corporate accountability (Responsabilidad de las Corporaciones) De la cual Sehll y Cia. no quieren oir ni hablar.

Una propuesta sobre Responsabilidad y rendimiento de cuentas de las grandes Corporaciones a presentar en la Cumbre de la Tierra de Johannesburg por Friends of the Earth International:

. Requerimientos de información sobre el impacto social y medioambiental de su operatoria.

. La consulta previa con las comunidades afectadas, incluidas las evaluaciones de impacto ambiental y el acceso a la información.

. Ampliación de la responsabilidad a los directores de las empresas por las infracciones de las leyes ambientales y sociales, responsabilidad de las sociedades por la violación de las leyes o acuerdos internacionales.

. Derechos procesales para los ciudadanos, en particular el acceso para las personas afectadas en cualquier lugar del mundo a proseguir el litigio contra las corporaciones acusadas, una disposición para el cuestionamiento legal a las decisiones de la empresa por parte de los accionistas, y un mecanismo legal de ayuda para proporcionar fondos públicos para apoyar a estas acciones.

. Los derechos de la comunidad afectada sobre los recursos, incluidos los derechos de propiedad comunitarios de los pueblos indígenas, como los bosques, la pesca y los minerales, el derecho de veto sobre los proyectos de desarrollo y contra el desplazamiento y el derecho a una indemnización por los recursos expropiados por las empresas.

. Sanciones contra las empresas que violen estos derechos, por ejemplo la suspensión de cotización, multas y(en casos extremos) descartelizar la corporación o retirada de la condición de sociedad de responsabilidad limitada.

Desde luego este tipo de códigos levantan ampollas y sarpullidos en el foro de Davos, en el American Petroleum Institute, en el Business Roundtable (ambos a matar con el Protocolo de Kyoto) y otros organismos controlados o infiltrados por las multinacionales.

Agricultura, alimentación y gas no convencional. Riesgos y responsabilidades

Nuevo artículo de Michelle Bamberger and Robert E. Oswald

Extraído de: Independent Science News
Risk and Responsibility: Farming, Food, and Unconventional Gas Drilling

Michelle Bamberger and Robert E. Oswald (Photo credit: Marcellus Protest)

Extraction of hydrocarbon gas from tight shale formations using horizontal drilling and hydraulic fracturing has been advertised as a path toward energy independence for the United States and is being promoted worldwide. This is tempered by environmental and societal concerns that have led to banning the practice in some countries (e.g., France), at least one state in the U.S. (Vermont), and numerous towns and cities in the United States. In the United States, the process itself is largely regulated at the state level, with exemptions from federal laws regulating air, drinking water and hazardous waste disposal. Regulation at the state level varies considerably among states with significant shale deposits, as does the level of enforcement of regulations. The argument often given to suggest that the process is safe cites the fact that in the sixty years since the first gas well was hydraulically fractured, the industry has not found proof it finds acceptable that drinking water has been contaminated. This assertion is not universally accepted because of at least two factors.

American Gasland

First, it is based on a narrow definition of hydraulic fracturing, that is, solely the process of stimulation of the well; whereas, the public and many in academia are more concerned with the entire life-cycle of the drilling and extraction process with many possible routes of environmental contamination. The second issue is the burden of proof. Is it the public or the government that bears the burden of proving that environmental harm has occurred or should the industry be required to provide scientifically acceptable proof of the safety of the process? In this paper, we will discuss regulation briefly followed by a more detailed discussion of health effects of shale gas extraction, and possible impacts on food safety.

Regulation

In a recent issue of Independent Science News (1), William Sanjour carefully reviewed the inherent problems of regulatory agencies. While his view was informed by thirty years of experience working for the US Environmental Protection Agency (EPA), his comments raise important concerns for state regulatory agencies as well. One important point that he raised was: “Agencies which enforce regulations should not write the regulations.” This was recognized by the US Department of the Interior after the Deepwater Horizon blowout when the Minerals Management Service, with allegedly strong connections to industry, was divided into permitting (Bureau of Ocean Energy Management) and regulatory (Bureau of Safety and Environmental Enforcement) branches.

Taking the example of New York State, the Department of Environmental Conservation (DEC), which has written the proposed hydraulic fracturing regulations, will be responsible both for issuing permits for the wells and enforcing the regulations. The two most important concerns are that the NYS DEC has been chronically understaffed, particularly with regard to permitting and regulating gas wells. Expansion of the program to high volume shale gas wells will only exacerbate the problem. Secondly, the agency has the dual missions of extracting minerals efficiently and protecting the environment. While an increase in state or federal bureaucracy will never be politically popular, there is an inherent conflict of interest between these two missions and it makes little sense to charge a small staff with this dual mandate. Careful oversight of this global industry, which is in the best interest of the public and the industry, can only be done if regulatory agencies are truly independent and have sufficient staffing to detect problems and provide effective enforcement.

Health Issues

We have noted previously (2) that health issues surrounding shale gas extraction have some similarities to that of tobacco. Whereas no medical or public health reasons exist for treating nicotine and its delivery system differently from any other drug that is regulated by the FDA, for political reasons, companies selling this product were not subjected to federal laws controlling drug sales. Likewise, no proof of the safety of the product was required. Instead, the burden of proof fell on government and academic scientists, who eventually demonstrated the dangers associated with tobacco use. Demonstrating the potential for the political process to work against the pubic interest, this carcinogenic product remains freely available and the adverse health consequences remain a burden on our medical system. In a similar manner, proponents of shale gas extraction have simply asserted that the process is safe, based on experience with low volume vertical wells. If held to this standard, one could imagine that Merck could have asked for approval of Vioxx® based on the safety record of ibuprofen or aspirin.

Our interest has been on the use of animals as sentinels of human health in areas experiencing extensive shale gas and oil extraction. Animals tend to have greater exposure to environmental threats than humans because they typically have greater exposure to air, soil and groundwater and have more frequent reproductive cycles and shorter generation times. For example, animal owners can often afford to purchase drinking water for their own use, but purchasing drinking water for a herd of cattle can be beyond the means of some farmers. Thus, the cattle have a much greater exposure to potentially contaminated water than the farmer.

The question is whether or not any of the processes associated with shale gas and oil extraction have led to adverse health consequences in animals or humans. We have published an analysis of case reports from 24 families with plausible exposures to toxicants associated with one or more phases of the drilling process (2). One approach to obtaining more definitive evidence might be to determine if specific chemical residues can be found in the environment following hydraulic fracturing operations that were not present before those operations began, identify a route of exposure, and then attempt to determine if the concentrations present in the exposure pathway could have caused health problems. On the surface, this is a logical approach that has been used for many years by environmental toxicologists.

But the problem faced in analyzing the health effects of shale gas extraction is not as simple as finding hexavalent chromium in the drinking water. It is an extremely complex problem with the potential of exposures from multiple chemical entities (known and unknown), multiple routes of exposure, and unknown interactions between chemicals. Furthermore, recent evidence suggests that the effects of chemicals at high doses cannot accurately predict effects at lower does (nonmonotonic dose response curves; 3). This is particularly true for endocrine disrupting chemicals that have been reported to be components of hydraulic fracturing fluid (4). For these reasons, the maximum contaminant levels (MCLs) of specific compounds that are used to determine the safety of drinking water are questionable. The problem is compounded by inadequate or nonexistent predrilling testing of air and water in many cases and by nondisclosure agreements tied to victim compensation that remove the details of specific cases from further study.

A good example of the approach described above is the extensive investigation of volatile organic compounds (VOCs) exposure by the Texas Department of State Health Services (TxDSHS) in Dish, Texas (5). Whereas this expensive and exceedingly well done study provided no evidence that residents were exposed to VOCs from shale gas operations, the authors note that this negative evidence represents only one time point. It does not rule out exposures at other times or locations. The authors wisely chose to include metabolites of VOCs, which extends the time scope of the study as the metabolites remain in the body longer than the parent VOCs. However, the fact remains that this study describes only ongoing or recent exposures at only one time point using a limited population and cannot really be used to prove that a process is safe.

Our view is that animals (including humans) can be used as biological integrators and that disease state can, if used properly, be a readout of toxicity. This might be used in studying effects of human and animal exposures as well as possible impacts on the food supply. In a first-pass investigation, this circumvents problems of multiple exposure pathways, multiple toxicants, nonmonotonic dose response curves, etc. The question is how to collect information and analyze it correctly. For this, we turn to the medical literature as one might view the problem as similar to, albeit more complicated than, a possible disease outbreak. One approach is to begin by analyzing individual cases to determine the characteristics of the disease and possible routes of exposure (2).

The idea is to use this information to inform further studies of prevalence and cause, as a large number of cases provides a stronger case for further studies. This is where the use of animals as sentinels of human health becomes important. A farm family living near a drilling operation provides only a limited number of cases. If the couple has reproductive problems, suggesting that the drilling operation is to blame is tenuous without many other cases showing similar problems. However, if this is a cattle farm with careful record keeping, it may be possible to show that, for example, one hundred heifers have reproductive problems that correspond temporally with drilling operations or specific violations (e.g., leak of a wastewater impoundment, well casing failure). Again, this does not provide definitive proof, but the increased sample size serves to guide further work regarding possible effects on reproduction by some aspect of the drilling operation.

One can take this a step further by analyzing more specific exposures. In several cases, we have found herds that have been split between two or more pastures (2). In those cases, the portion of the herd exposed to impoundment pond leaks, contaminated well water, or creeks into which wastewater was allegedly illegally dumped displayed reproductive failure while the unexposed portion of the herd was not affected. Likewise, this is not definitive evidence of cause-and-effect, but raises serious red flags and points the way to further studies.

Documenting individual cases will always be limited to individuals that are willing or able to talk to investigators but in our research we have run into significant unnecessary obstacles. For example in one small area of Pennsylvania, residents were surveyed as to whether drilling had impacted the perceived quality of their water supply (the water was supplied by wells between 40 and 200 feet deep). As of this writing, 50 of 132 families indicated that they noted changes in water quality (Prof. John Stolz, Duquesne University, personal communication) but only a small fraction were willing to provide further documentation.

In other cases, residents having presumed issues with water quality have signed nondisclosure agreements in exchange for compensation from industry. This is a worrying distortion of an important business practice. If we take the example used above of a pharmaceutical company, it would be considered unethical to compensate individuals suffering from an unknown side effect of a drug and then require them to sign nondisclosure agreements in an attempt to keep the drug on the market. The use of the nondisclosure agreement in issues relating to public and environmental health should be illegal (6).

In all of the cases that we have studied, the burden of proof for demonstrating harm has fallen squarely on the shoulders of those that have allegedly been impacted. Given that drilling has been concentrated in rural areas with low per capita income, the ability to prove harm is sometimes economically difficult or impossible. This brings up the subject of environmental justice. In New York State, for example, the New York City and Syracuse watersheds will be exempted from any drilling activity due to dangers inherent in the process. After securing this exemption, New York City’s mayor called for the expanded use of hydraulic fracturing to provide more energy for New York City. The division of New York State into zones of environmental privilege and zones of potential environmental sacrifice is contrary to any realistic notion of environmental justice–but is a likely consequence of current policies.

So What is the Next Step?

We believe that more careful epidemiological studies are needed. Despite our emphasis on animal health, public records are far more sophisticated for human than animal health. For example, milk production seems to have fallen in areas in Pennsylvania experiencing extensive drilling (7), but the analysis is at the level of individual counties, and the data are not available for an analysis at higher resolution. In a preliminary report, Hill (8) has found in human databases that babies born near drilling operations tend to have lower birth weights and reduced APGAR scores. Although details are not yet available, two large healthcare systems serving Pennsylvania and southern New York, Geisinger Health System and Guthrie Health, have embarked on a study of potential health effects of drilling using their patient database (9). The advantage of these epidemiological studies is that the databases were generated for other purposes and do not have biases associated with the drilling issue and the large datasets provide considerable statistical power assuming that proper controls are employed.

Analyzing health effects on the level of individual counties or similar coarse-grained geographical unit is relatively straightforward. However, more detailed studies that define risks within a certain distance from a source of pollution are more difficult. One of the problems in analyzing all of these data is defining the x-axis. That is, in principle, one might consider a gas drilling operation as a possible point source of pollution. However, the problem is not that simple and is becoming more difficult with time. If one considers Bradford County in Pennsylvania and maps all of the gas wells within a ten-mile radius of a given farm, it is not unusual to find five hundred or more wells (only a percentage of these would be high volume hydraulically fractured wells).

At this point, only about 2% of the total number of planned wells have been drilled in Bradford County, so defining the x-axis as the distance from a well (i.e., point source) is problematic and constantly changing. When we take this one step further, we realize that some of these wells have not had any problems, whereas others may have had a casing failure, a blowout preventer failure, or the leak of an impoundment pond. For this reason, any fine-grain analysis of health issues will have to be approached with care. Nevertheless, we believe that careful epidemiological studies are essential in order to define the prevalence of health problems that may be associated with drilling operations and perhaps to define the practices that are most problematic in terms of human and animal health. With careful epidemiological studies, it may be possible to identify particular risk factors in drilling operations. Of course, the downside of this approach is that those living in proximity to drilling operations (and those consuming food produced near them) become unwitting experimental subjects.

Whereas we believe that careful studies should proceed and continue to inform policy decisions, the question of how science can be used to make effective regulatory decisions is a topic common to many environmental and public health risks (10). The common gold standard of proof is statistically rejecting the null hypothesis with a probability of a false positive of 1 or 5%. One might start with a null hypothesis that states that proximity to a well pad has no correlation with an adverse health effect. But in the case of human hazards, minimizing false positives may be less important than minimizing false negatives. That is, if a correlation between an adverse health outcome and proximity to a well pad is found to be statistically not significant at the 0.05 level, perhaps having a p value of 0.06, then the null hypothesis that the adverse health outcome is unrelated to the proximity to a well pad would be accepted. This standard of proof is accepted practice in a laboratory situation because of the essential conservative nature of science, which is to avoid making incorrect conclusions at the expense of missing important effects. But laboratory science moves at a deliberate pace and the daily workings of an individual laboratory rarely affect the immediate quality of life for a large population.

In our drill pad example, however, the implications of accepting the null hypothesis may be much greater than the implications of rejecting it. Perhaps improving the survey instrument or taking a slightly larger sample could push the data to a significant result. Without these enhancements, we have a false negative, and an incorrect result. In this example, framing the null hypothesis is equivalent to defining the burden of proof, and the burden of proof does not fall upon the oil and gas industry. And we know that the lack of proof of harm is equated by politicians and policymakers with the lack of harm.

A more nuanced approach to analyzing environmental data is therefore essential to avoid a statistical bias against false negatives. Different levels of proof, which may be more appropriate for assessing any potential harm associated with drilling, are discussed in a report from the European Environment Agency (10). Using verbal descriptors, the levels of proof include “beyond all reasonable doubt,” “balance of evidence,” “reasonable grounds for concern,” and “scientific suspicion of risk.” By more carefully identifying the areas of ignorance and taking a realistic approach to false negatives, we believe that science can effectively inform public policy on this important issue.

Food Safety

The impacts of shale gas drilling on food safety have not been carefully studied and little is known. Again working from case studies, we have reported (2) that cattle exposed to wastewater from drilling operations have been taken to slaughter without further testing. In many instances, those that have died following exposures to drilling operations have been taken to rendering plants, where their flesh has been processed into feed for other animals (e.g., chickens, pigs, fish). These are concerns without definitive proof. No routine testing is done before allowing the products derived from animals exposed to environmental contaminants to enter our food supply, nor is there adequate information on appropriate hold times (time between exposure and slaughter) for production animals with known exposures to environmental toxicants. Equally, nothing is known about impacts on vegetable and fruit crops. We have visited farms with crops growing within tens of feet from produced water tanks (i.e., tanks containing fluids that return from the well along with the gas) and well-heads, and fields of corn and squash near impoundment ponds that contain wastewater at different stages of the drilling process. The extent to which this is a concern is not known, but deserves careful study.

Conclusions

The unconventional gas-drilling boom has swept across the globe in recent years without evidence that environmental and public health can be protected. In the United States, the industry enjoys extensive subsidies, which include, among many others, exemptions from federal laws regulating clean air, clean water, and the disposal of toxic substances. A patchwork of state regulations allow secrecy rather than disclosure of substances used in all steps of the process, and nondisclosure agreements have been used to block access to information on specific cases that could provide meaningful public health information. Without complete transparency (disclosure of all chemicals used and outlawing nondisclosure agreements in cases involving public health) and complete testing, science cannot proceed unimpeded. Without careful science demonstrating, not the absence of proof of harm, but rather the clear absence of harm to public health, neither state nor federal regulations can assure that the food supply and the health of individuals living near gas drilling and processing operations will be protected.

Until we can protect public health with greater certainty, unconventional shale gas extraction should be severely limited or banned, using the subsidies currently provided to support this industry to instead develop and deploy renewable forms of energy.

References
1.    W. Sanjour, “Designed to Fail: Why Regulatory Agencies Don’t Work.,” 2012,  (accessed October 12, 2012).
2.    M. Bamberger and R.E. Oswald, “Impacts of Gas Drilling on Human and Animal Health,” New Solutions, A Journal of Environmental and Occupational Health Policy 22(1) (2012): 55-77.
3.    L. N. Vandenberg, et al., “Hormones and Endocrine-Disrupting Chemicals: Low-Dose Effects and Nonmonotonic Dose Responses,” Endocr Rev 33(3) (2012): 378-455.
4.    T. Colborn, et al., “Natural Gas Operations from a Public Health Perspective.,” International Journal of Human and Ecological Risk Assessment 17 (2011): 1039-1056.
5.    Texas Department of State Health Services, “Dish, Texas Exposure Investigation, Dish, Denton County, Texas,” 2010,  (accessed October 12, 2012).
6.    K. Franklin, “Confidentiality Agreements. The Problem: Confidentiality Agreements in Lawsuit Settlements Can Be Harmful, Even Deadly, to the Public,” 2007, (accessed October 12, 2012).
7.    R. Adams and T.W. Kelsey, “Pennsylvania Dairy Farms and Marcellus Shale, 2007-2010,” 2012,  (accessed October 12, 2012).
8.    E.L. Hill, “Unconventional Natural Gas Development and Infant Health: Evidence from Pennsylvania,” 2012,  (accessed October 2, 2012).
9.    ”Guthrie Health and Geisinger Collaborate on Marcellus Shale Research Effort,” 2012,  (accessed October 12, 2012).
10.    P. Harremoës, et al., “Late Lessons from Early Warnings: The Precautionary Principle 1896-2000,” 2002,  (accessed October 28, 2012).